RESUMEN DE EVENTOS

FOSAS CLANDESTINAS (may16)

INAH Y LAS FOSAS CLANDESTINAS

¿Cómo, cuándo y por qué murió?, son algunas de las respuestas que ofrecen los trabajos científicos de antropología forense, que se realizan a partir de muestras de cabello, huesos, dentadura y objetos localizados cerca de cadáveres, y las cuales ayudan a esclarecer casos criminalísticos.

CRIMINALÍSITICA Y ANTROPOLOGÍA FORENSE

Ante estas nuevas técnicas de investigación se aprende cómo detectar y excavar fosas clandestinas, exhumar restos humanos y hacer un trabajo de identificación a través de éstos, ya sea completamente esqueletizados o en avanzado estado descomposición.

LA ANTROPOLOGÍA FORENSE EN MÉXICO

La Antropología Forense en México tiene una historia relativamente corta, comenzó a desarrollarse hace aproximadamente 35 años, es decir, a finales de los años 70 y principios de los 80, cuando el antropólogo Arturo Romano fue invitado para formar parte del cuerpo de especialistas del área de Servicios Periciales de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF). Esta práctica pasó a ser considerada como una disciplina y dejó de ser una tarea exclusiva de laboratorio para salir a la investigación en campo, refirió Israel Lara Barajas.

TAFONOMÍA FORENSE

Se ha entendido por Tafonomía, tradicionalmente, el estudio de la transición de los restos biológicos desde la muerte hasta la fosilización. Éste ha sido el tema favorito de arqueólogos, prehistoriadores y paleontólogos. Pero en los últimos tiempos, ha venido a integrarse este concepto en la Paleopatología y la Antropología Forense, en relación con los restos humanos y su evolución después de la muerte.

DESCOMPOSICIÓN DEL CUERPO

Así como la descomposición de un cadáver es un fenómeno normalmente progresivo, también lo son los caracteres tafonómicos y sus variaciones, dependiendo del momento y lugar en que estudiemos los restos.

Todo antropólogo forense sabe muy bien por experiencias personales lo difícil que es determinar la fecha o data de la muerte. Es por eso que hay que observar hasta el más mínimo detalle que pueda orientarnos sobre el tiempo transcurrido desde la muerte y la aparición de los restos. Aquí la experiencia que proporciona el haber estudiado muchos casos y la analogía son los factores que más nos van a ayudar a realizar un diagnóstico, si no exacto, sí lo más aproximado posible, de la data de la muerte.

Fuente: Eugenio García Romero.

El Portal de Querétaro, 25 de noviembre de 2015 (dic16)

http://www.plazadearmas.com.mx/noticias/la_roja/2014/10/30/fosas_clandestinas_19224_1011.html

ENTREVISTA FICTICIA AL MAESTRO ERICK HDZ. RAUDA SOBRE PRINCIPIOS DEL JUICIO ORAL PENAL (dic2015)

Revista Inejuc: ¿Cuáles son los objetivos del nuevo Procedimiento Penal?
Erick Rauda: Esclarecer los hechos (cómo, quién); proteger al inocente y que el culpable no quede inmune.

Revista Inejuc: ¿Cuáles son los principios generales del nuevo Juicio Oral Penal?
Erick Rauda: 1) Valoración libre y lógica de las pruebas y constancias de autos; 2) Sólo se consideran las prubas que se desahogaron en la audiencia de juicio; 3) Debe resolver el jucio el juzgador que no haya tenido conocimiento del asunto. Incluso si en apelación hubo violaciones al debido proceso, al regresar la apelación debe conocer un nuevo juez; 4) La carga de la prueba la tiene la parte acusadora; 5) El juez debe entrevistarse siempre con ambas partes, no puede hacerlo en forma privada con solo alguno de ellos; 6) La condena debe realizarse con plena convicción de la culpabilidad del procesado; 7) Las pruebas que se desahoguen en contradicción a principios de Derechos Humanos serán nulas.

Revista Inejuc: ¿Quiénes son los sujetos procesales en el nuevo Juicio Oral Penal?
Erick Rauda: Imputado y Defensor; Juez; Ministerio Público, Víctima y Asesor Jurídico.

Revista Inejuc: ¿Qué es un Dato de Prueba?
Erick Rauda: Es una referencia no desahogada en la que se advierte que es idónea, pertinente y suficiente para considerar un hecho delictuoso y la participación del imputado. Este Dato de Prueba se pondera.

Revista Inejuc: Entonces ¿Qué es una Prueba?
Erick Rauda: Es aquella que proporciona un conocimiento cierto o probable sobre un hecho y que es desahogada bajo los principios de inmediación, contradicción y continuidad ante un juez penal. La Prueba se valora.

Revista Inejuc: ¿Cuáles son algunas cuestiones relevantes en la tramitación de la Apelación en el Nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales?
Erick Rauda: La apelación debe tramitarse solo para combatir la pena impuesta a fin de que se modifique y sea menor; también se puede tramitar para combatir violaciones al debido proceso; y, cuando se trate de modificar la clasificación de la pena que se investiga. Cabe señalar que la valoración de la prueba ya no será motivo de agravios, en caso de que hubiera duda por parte del tribunal deberá abolverse.

Erick Daniel Hernández Rauda, doctor en Derecho Penal, Certificación Docente de la Secretaría Técnica, profesor universitario en la Universidad Tecnológica de México y abogado postulante. (Dic 2014)

GENERALIDADES SOBRE LA SOCIEDAD CONYUGAL

De conformidad con las reformas a los Códigos Civil y de Procedimientos Civiles, ambos para el Distrito Federal, publicadas el tres de octubre de dos mil ocho, se destacan los siguientes aspectos del nuevo procedimiento:

 1. Desaparece el sistema de causales de divorcio y se privilegia como única causa la sola voluntad de uno de los cónyuges para disolver el matrimonio.

 2. El procedimiento se simplifica y se limita a la presentación de una “solicitud”, a la que deberá acompañarse una propuesta de convenio para regular las consecuencias inherentes a la disolución del vínculo matrimonial relativas a los bienes, los hijos (guarda y custodia, derecho de visitas, alimentos), uso del domicilio conyugal y del menaje, la administración de los bienes de la sociedad conyugal durante el procedimiento y hasta que se liquide, la forma de liquidación y la compensación en caso de matrimonio celebrado bajo el régimen de separación de bienes.

 Emplazado el otro cónyuge, debe manifestar su conformidad con el convenio presentado por el solicitante; y en caso de inconformidad deberá formular su contrapropuesta de convenio respectiva. En este punto, conviene establecer, que las partes habrán de ofrecer desde su escrito de solicitud y de contestación, todas las pruebas que estimen convenientes a efecto de acreditar la procedencia de sus respectivos convenios (fracción X del artículo 255 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal), así como también lo necesario para que se decrete el divorcio.

 3. Una vez contestada la solicitud de divorcio o precluido el plazo para ello, si hay acuerdo en el convenio, se decretará la disolución del vínculo matrimonial y además el convenio relativo a las demás cuestiones se aprobará de plano, siempre que no se vulneren disposiciones legales. Cabe destacar que el momento en que el Juez debe decretar la disolución de vínculo matrimonial, es una vez contestada la solicitud de divorcio o bien cuando hubiera transcurrido el plazo para hacerlo, con independencia de que exista o no acuerdo en relación con los convenios, toda vez que tal decisión no puede obstaculizarse, ya que el legislador privilegió la disolución del vínculo matrimonial.

 4. En caso de desacuerdo sobre el citado convenio, al contestarse la solicitud de divorcio, decretado éste, el Juez citará a las partes dentro de los cinco días siguientes a ello a efecto de lograr su avenencia en relación con sus respectivos convenios; y en caso de lograr el consenso se aprobará lo relativo al convenio. En caso de que no se logre tal acuerdo, se deberán aperturar oficiosamente los incidentes correspondientes a efecto de dilucidar cómo habrán de quedar las cosas materia de los convenios.

 5. En los casos de divorcio en que no se llegue a concluir mediante convenio, las medidas provisionales subsistirán hasta en tanto se dicte sentencia interlocutoria en los incidentes que resuelvan la situación jurídica de los hijos o bienes.

 6. La sentencia (en sentido amplio) que recaiga a la disolución del matrimonio es inapelable y sólo son recurribles, mediante apelación, las resoluciones que decidan en vía incidental los convenios presentados por las partes.

 Basado en la Tesis:  TA]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXX, Septiembre de 2009; Pág. 3124. DIVORCIO. ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL PROCEDIMIENTO, A PARTIR DE LAS REFORMAS A LOS CÓDIGOS CIVIL Y DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADAS EL TRES DE OCTUBRE DE DOS MIL OCHO.

DERECHOS HUMANO Y USURA

El artículo 21.3   de la Convención  Americana sobre Derechos Humanos, en el pacto que México suscribió  establece:

Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada

  1. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

 Relacionado este  articulo vinculatorio al sistema legal mexicano,  la Constitución General de la Republica determina: en su artículo  1 párrafo segundo:

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretaran de conformidad con esta Constitución y con los  tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección mas amplia

Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos  humanos .

Por ende, el Juez, podrá invocar, al dictar su resolución definitiva el artículo  constitucional mencionado, en donde la litis es el reclamo de intereses excesivos?

El acreditante argumentara que tiene derecho a reclamar el capital y sus  intereses pactados, ya que en materia mercantil cada quien se obliga en la forma y términos que quiso obligarse. Y no hay la acción por lesión  en materia mercantil. Y el acreditado, podrá argumentar que puede ser privado  de forma excesiva de una parte de su patrimonio.

Contamos con un antecedente favorable a los acreditados,  ya que el siete de julio de dos mil trece, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil  en el Estado de México, determinó que la condena al pacto de intereses a razón del veinte por ciento mensual resulta transgresora de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, porque ese mecanismo internacional protege la propiedad privada de las personas contra la usura, proscrita como una forma de explotación del hombre por el hombre.( Tomada esta noticia por NOTIMEX).Esta resolución dictada por Magistrados Federales, está acorde con lo pactado   por  México, en San José de Costa  Rica, con motivo de la Convención  Americana sobre Derechos  Humanos, que  impide  la explotación del hombre por el hombre,  y así la sentencia de Thomas Hobbes,  no adquiera su trágica vigencia.

Colaboración: Enrique Peña G.

GUARDA Y CUSTODIA Y CONVIVENCIA CON LOS MENORES HIJOS (sep15)

El artículo 416 bis del Código Civil, establece que los hijos aun cuando no vivan bajo el mismo techo que uno de sus progenitores tienen el derecho de convivir con éste.

El deber de convivencia  es la natural consecuencia de la función de la patria potestad, es una consecuencia del deber de cuidado y custodia, teniendo la convivencia  como objetivo lograr la estabilidad personal y emocional del menor, es darle afecto, calor humano, presencia personal y respaldo espiritual.

Correspondiendo también al hijo el derecho de ser respetado en su persona y en su intimidad, necesarios para lograr la convivencia familiar.

Es en este tipo de juicio como divorcio en donde se deba resolver guarda y custodia, visitas y convivencias y alimentos para que los juzgadores puedan dictar sentencias apegadas a derecho necesitan allegarse de varios elementos para resolver entre los que se encuentran los estudios socioeconómicos en donde surge la figura del trabajador social, dado que son ellos quienes los practican a las partes.

El concepto de guarda y custodia es  un concepto jurídico indeterminado ya que no se define en el Código Civil.  Cuando en una sentencia se atribuye la guarda y custodia a uno de los progenitores, generalmente a la madre, lo que se está acordando es que el hijo/s menor/es de edad deberá convivir el día a día con ese progenitor.  En ese caso,  el otro progenitor tendrá un derecho de visitas para estar con su hijo/s menor/es.

Estas terminologías, guarda y custodia y régimen de visitas, tienden a superarse por algunos Tribunales de Justicia, ya que suponen una importante carga emocional que provoca conflictos familiares añadidos, como si fueran pocos los que ya había.  Esta terminología hace que los progenitores no custodios (generalmente los padres) puedan considerar “¿por qué tú tienes la guarda y custodia y yo solo un régimen de visitas?  Soy el padre, quiero estar con mis hijos, no visitarlos”.  De ahí que algunos juristas  pretendan emplear como sustitutivos de dichos términos el de Corresponsabilidad Parental.

Entonces, ¿si uno tiene la guarda y custodia, qué contenido tiene la patria potestad? ¿qué le queda al progenitor no custodio?

En primer lugar, aunque una sentencia atribuya la guarda y custodia a uno de los progenitores, cuando el menor está con el otro progenitor, con el no custodio, es obvio que éste tiene la responsabilidad de guardar y custodiar a sus hijos, es decir, cualquiera de los dos progenitores son titulares de la patria potestad, por lo que el progenitor que tenga consigo al hijo en ese momento lo tiene en calidad de guardador y de custodio y no como visitante, y por tanto deberá decidir sobre aquellas cuestiones cotidianas o urgentes relacionadas con su hijo al que en ese momento tiene consigo.

En segundo lugar, no todas las cuestiones a decidir respecto del menor, tienen la misma trascendencia, no es lo mismo decidir lo que va a comer, a vestir, o si hay que darle un antipirético, que decidir el colegio al que va a asistir, o las actividades extraescolares que va a tener y la intensidad de las mismas, y otras muchas cuestiones. (aago15)

OTRO PRINCIPIO DE DERECHOS HUMANOS: INTERDEPENDENCIA (ago15)

Son interdependientes: Los DH guardan estrecha relación de interdependencia entre sí. No pueden ser considerados de forma separada unos de otros sin que se perjudique el resto. Su encadenamiento existe de forma evidente aun cuando se hable de derechos individuales, civiles, sociales, culturales, económicos o políticos. Las clasificaciones no pueden ser entendidas como graduaciones de importancia o subordinación. El límite de un derecho son los derechos de las otras personas. El ejercicio legítimo de ese derecho se encuentra tutelado por el Estado, siempre y cuando no se violen las leyes. En tal sentido, la interdependencia se expresa como un dinámico intercambio de derechos entre las personas. Por lo cual es lógico y posible que surjan tensiones y conflictos de derechos. Para resolver tales situaciones, los interesados deben apelar a las normas de convivencia y a la ley. De no ser posible una solución, pueden acudir a los órganos jurisdiccionales, a los fines de lograr una decisión arbitrada por un juez que ponga fin a la controversia. (ago14).

RESOLUCIÓN EMBLEMÁTICA PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS.

CASO AVENA (jul15)

El fallo del Caso Avena resuelve una controversia sobre la aplicación y la interpretación de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963.

Avena, es el nombre del litigio iniciado por el gobierno mexicano el 9 de Enero de 2003 en contra del gobierno estadounidense por condenar a la pena de muerte a 51 mexicanos sin informarles debida y oportunamente, al momento de ser aprehendidos, de su derecho a asistencia consular para su debida defensa.

Su importancia radica en que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), resuelve a favor de México, ya que obliga a Estados Unidos a propiciar la protección consular de los mexicanos que son detenidos en ese país, además de ser debidamente procesados.

Al respecto, el pasado 21 de mayo se presentó el libro La Corte Internacional de Justicia y la Protección de los Derechos del Individuo: El Caso Avena, obra que lleva el apellido del primero de los 51 condenados a muerte por el sistema de justicia norteamericano.

Durante su presentación, participaron expertos que estuvieron involucrados directamente en la solución de este caso relevante. Acceda al video de la presentación del libro y escuche la forma en que cada uno de los expertos intervino en la resolución de este importante caso, por el que la Corte Internacional de Justicia condenó al Estado Norteamericano por la inobservancia del instrumento internacional antes citado. (Ago2015)

JUICIOS ORALES FEDERALES EN DURANGO Y PUEBLA (jun2015)

El pasado lunes 24 de noviembre de este año entraron en vigor los juicios orales federales en materia penal en los juzgados y centros de Justicia Penal Federal con tres jueces en Durango y dos en Puebla.

A partir de marzo de 2015 entrarán en funciones en Yucatán, en tanto que en el DF será de los últimos en hacerlo.

Hasta en tanto no se homologue el nuevo sistema judicial acusatorio, éste operará de manera simultánea con el anterior, por lo que ambos estados estarán resolviendo bajo ambos sistemas.

De tal forma que un mismo juez estará terminando los casos que tenía con el anterior sistema y comenzará a recibir los asuntos bajo el nuevo sistema penal federal.

La reforma constitucional de 2008 estableció que en ocho años se deberían implementar el nuevo sistema de justicia penal acusatorio y oral.

Tomado de El Universal, lunes 24 de noviembre de 2014, título: Duranto y Puebla inician juicios orales federales, autoras Doris Gómora y Suzzete Alcántara. (ene2015)

CRÍTICAS A LAS ÚLTIMAS REFORMAS AL CÓDIGO DE COMERCIO (mayo 2015)

El diez de enero del dos mil catorce nos encontramos que hubo reformas al Código de Comercio en cuestión de remate judicial y al efecto hacemos las siguientes observaciones:
Artículo 1410.- A virtud de la sentencia de remate se procederá a la venta de los bienes retenidos o embargados, con el avalúo que cada parte exhiba dentro de los diez días siguientes a que sea ejecutable la sentencia.

Crítica. La primera observación que encontramos es que esos diez días van a contar al día siguiente inmediato a que sea ejecutable la sentencia pero no dice que pasaría si en esos diez días ninguna de las partes exhibe su avalúo va a nombrar el Juez un perito en rebeldía para que rinda el avalúo. O una de las partes podrá solicitar se nombre uno en rebeldía porque regularmente en la práctica no se inicia de forma de inmediata la ejecución.

La segunda observación es que ya no se va a nombrar un perito o corredor solo se va a exhibir el avalúo y en este debe constar que el perito que lo realizó esta autorizado por el Consejo de la Judicatura.

Si los valores determinados en cada avalúo no coincidieren, se tomará como base para el remate el promedio de ambos avalúos, siempre y cuando no exista una diferencia mayor al veinte por ciento entre el más bajo y el más alto. Si la discrepancia en el valor de los avalúos exhibidos por las partes fuera superior al porcentaje referido, el Juez podrá ordenar que se practique un tercer avalúo.

En caso de que alguna de las partes deje de exhibir el avalúo se entenderá su conformidad con el avalúo exhibido por su contraria.

Crítica. Vuelvo hacer la misma observación: ¿qué pasa si ninguna de ellas presenta el avalúo? ¿nombrará el Juez un perito para que lo realice en su rebeldía para cada una de las partes?

 El avalúo de los bienes retenidos o embargados será practicado por un corredor público, una Institución de crédito o perito valuador autorizado por el Consejo de la Judicatura correspondiente quienes no podrán tener el carácter de parte o de interesada en el juicio.

Crítica. ¿Estos auxiliares van a ser elegidos por el Juzgador o serán los litigantes los que los elijan de una lista donde aparezcan que están autorizados por el Consejo? ¿Al nombrarlos el Juez tendrá que revisar si el avalúo fue hecho por alguno de los que estén en la lista del Consejo de la Judicatura, es decir tiene que verificar el nombre del auxiliar que realizó el avalúo?

Artículo 1411.- Presentado el avalúo y notificadas las partes para que ocurran al juzgado a imponerse de aquel, se anunciará en la forma legal la venta de los bienes por medio de edictos que se publicarán dos veces en un periódico de circulación amplia de la Entidad Federativa donde se ventile el juicio. Entre la primera y la segunda publicación, deberá mediar un lapso de tres días si fuesen muebles, y nueve días si fuesen raíces. Asimismo, entre la última publicación y la fecha del remate deberá mediar un plazo no menor de cinco días.

Crítica. Por fin se hizo la aclaración de cómo se deben realizar las publicaciones de los edictos para que se lleven a cabo las publicaciones porque había una disparidad entre los Juzgadores para contar las fechas en que debían de mediar las publicaciones para la última la fecha de publicación y la fecha de remate ahora el último edicto publicado debe ser 5 días antes de la fecha del remate por lo menos nos deja abierto un tiempo más amplio de publicación.

Artículo 1412.- Postura legal es la que cubre las dos terceras partes del precio fijado por las partes a los bienes retenidos o embargados, o en su defecto, el establecido mediante el procedimiento previsto en el artículo 1410 de este ordenamiento, con tal de que sea suficiente para pagar el importe de lo sentenciado.

Crítica. Por fin se conceptualiza que es la “postura legal” definiendo a la misma como la que cubre las dos terceras partes del precio fijado por las partes, refiriéndose a la que se estableció mediante el avalúo que cada una de ellas exhibió y en su caso si hubo el tercero en discordia.

Si en la primera almoneda no hubiere postura legal, se citará a una segunda, para lo cual se hará una sola publicación de edictos, conforme a lo dispuesto en el artículo 1411 de este Código. En la segunda almoneda se tendrá como precio el de la primera con deducción de un diez por ciento.

Crítica. Se cita a una segunda almoneda con una sola publicación de edictos y está correcto que el bien tenga un costo menos para el ejecutante pero la pregunta es: ¿hay que seguir nuevamente lo que ordena el artículo 1411 de presentar un avalúo?, es decir, ¿hay que actualizar el avalúo para que si el bien inmueble va a salir a remate con el precio que se fijó del avalúo que se fijo en la primera almoneda? y ¿en segunda almoneda tendrá una reducción del diez por ciento? Por lo que reitero para que la actualización del avalúo si el precio que se fijó en la primer almoneda ya se le redujo el diez por ciento y en eso se debe rematar.

 Si en la segunda almoneda, no hubiere postura legal, se citará a la tercera en la forma que dispone el párrafo anterior, y de igual manera se procederá para las ulteriores, cuando se actualizare la misma causa hasta efectuar legalmente el remate. En cada una de las almonedas se deducirá un diez por ciento del precio que en la anterior haya servido de base.

Crítica. Se sigue diciendo que se debe actualizar el avalúo, pregunto ¿para qué si en cada una de las almonedas se deducirá el diez por ciento del precio fijado para el remate en cada almoneda y éste precio no va a ser el de la actualización sino el precio que se fijó en la primera almoneda con sus correspondientes deducciones? Pero seguimos igual de que no se indica con precisión un tope para decir hasta cuántas almonedas se deben realizar porque si bien es cierto hay reducción del precio también hay gastos que se deben estar realizando para las publicaciones de los edictos por lo que se debería señalar hasta un cierto número de almonedas.

 En cualquier almoneda en que no hubiere postura legal, el ejecutante tiene derecho a pedir la adjudicación de los bienes a rematar, por las dos terceras partes del precio que en ella haya servido de base para el remate, hasta el importe de lo sentenciado y, en su caso, entregará el remanente al demandado en los diez días hábiles siguientes a que haya quedado firme la adjudicación respectiva.

Crítica. Por fin se le dá la oportunidad al ejecutante de adjudicarse el bien al igual a un postor por las dos terceras partes porque antes de las reformas él podía adjudicárselo solo por el precio fijado en el avalúo, entendiéndose que era el último presentado.

Artículo 1412 Bis.- Cuando el monto líquido de la condena fuere superior al valor de los bienes embargados, previamente valuados en términos del artículo 1410 de este Código, y del certificado de gravámenes no aparecieren otros acreedores, el ejecutante podrá optar por la adjudicación directa de los bienes que haya en su favor al valor fijado en el avalúo.

Artículo 1412 Bis 1.- Tratándose del remate y adjudicación de inmuebles, el juez y el adjudicatario, sin más trámite, otorgarán la escritura pública correspondiente ante fedatario público.

Artículo 1412 bis 2.- Una vez que quede firme la resolución que determine la adjudicación de los bienes, se dictarán las diligencias necesarias a petición de parte interesada para poner en posesión material y jurídica de dichos bienes al adjudicatario, siempre y cuando este último, en su caso, haya consignado el precio, dándose para ello las ordenes necesarias, aún las de desocupación de fincas habitadas por el demandado o terceros que no tuvieren contratos para acreditar el uso, en los términos que fija la legislación civil aplicable.

Crítica. Esperemos que cuando se solicite la posesión el Juez no pida como requisito para esa posesión que primero se tenga que cumplir con lo que establece el artículo 1412 Bis 1, o sea, que primero hay que escriturar porque el artículo establece que se haya consignado el precio, debemos pensar que el precio fue por remate y adjudicado a un postor legal, pero si fue por adjudicación directa no se debe cumplir con la consignación del precio.

En caso de que existan terceros que acrediten mediante la exhibición del contrato correspondiente dicho uso, en la primera diligencia que se lleve a cabo en términos del párrafo anterior, se dará a conocer como nuevo dueño al adjudicatario o, en su caso, a sus causahabientes.

Colaboración: Lic. Rosa Ma. Orozco (abr 2014)

CAUSAS EXCLUYENTES DE RESONSABILIDAD (mar15)

Artículo 1913 Del Código Civil para el DF e igual en el Código Civil Federal. Cuando una persona hace uso de mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o substancias peligrosas por sí mismos, por la velocidad que desarrollen, por su naturaleza explosiva o inflamable, por la energía de la corriente eléctrica que conduzcan o por otras causas análogas, está obligada a responder del daño que cause, aunque no obre ilícitamente, a no ser que demuestre que ese daño se produjo por culpa o negligencia inexcusable de la víctima. En todos los casos, el propietario de los mecanismos, instrumentos, aparatos, vehículos automotores o sustancias peligrosas, será responsable solidario de los daños causa.

Época: Quinta Época, Registro: 385247, Instancia: Sala Auxiliar, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación, Localización: Tomo CXVIII , Materia(s): Civil, Tesis: Pag: 631

RESPONSABILIDAD CIVIL OBJETIVA.

Aun cuando el artículo 1913 del Código Civil únicamente prevé como excluyente de responsabilidad civil la circunstancia de que el daño se haya producido por culpa o negligencia inexcusable de la víctima, bastan los principios lógicos de causalidad para afirmar que la responsabilidad puede ser asumida o compartida por un tercero, si fue precisa la intervención activa del mismo para que un instrumento, que no entrañaba peligro, adquiriese la peligrosidad que determinó el daño. Amparo civil directo 8396/49. Igartúa Villaseñor Octaviano. 19 de noviembre de 1953. Unanimidad de cinco votos. La publicación no menciona el nombre del ponente.

Aportación: Lic. José Ernesto Ontiveros Ruiz

(mar14)

COMENTARIOS A LA REFORMA AL ART. 6 FRACCÓN IV DE LA LEY DE SOCIEDADES MERCANTILES. (feb 2015)

Se reformó el artículo 6º fracción IV de la Ley General de Sociedades Mercantiles, pues anteriormente se hablaba de un plazo de duración que daba la impresión de que dicho plazo debía ser definido y determinado, incluso había tesis en ese sentido

Tal era el caso del criterio de la Suprema Corte de Justicia en la tesis Registro No. 172311, Novena Época, XXV, Mayo de 2007, Página: 2221, Tesis: III.1o.C.159 C, Tesis Aislada,

Materia(s): Civil, bajo este rubro: SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE. SU DURACIÓN NO ES INDEFINIDA SINO DE FECHA CIERTA (LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES). Que en su parte conducente señalaba: sin que pueda especularse que por supuesta falta de precisión de si la duración a que hace referencia es determinada o indeterminada pueda entonces entenderse de cualquier modo, dado que el término “duración” implica un comienzo y un fin determinados, por lo que ésta debe ser de fecha cierta.

Anteriormente, durante la constitución de una Sociedad se establecía la duración de 50 años y que actualmente ha llegado hasta los 99 años, pues se pensaba que con ese lapso ya no habría problema, pero aún así, se continuaba con esa problemática.

En este sentido, resulta un avance esa la modificación a la fracción IV que permite que las Sociedades Mercantiles tengan una duración indefinida.

De tal manera que la fracción IV quedó en los siguientes términos:

Artículo 6º.-

IV.- Su duración, misma que podrá ser indefinida. (mar 2014)

COMENTARIOS A LA NUEVA LEY DE AMPARO (feb 2015)

En fecha dos de abril del 2013 entra en vigor la Nueva Ley de Amparo reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite entre normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen tanto los derechos humanos reconocidos como las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano forme parte.

El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones de los poderes públicos o de los particulares que realicen actos como si fueran autoridad.

El juicio de amparo puede tramitarse por vía directa o indirecta.

En caso de que no exista disposición expresa de forma supletoria de aplica el Código Federal de Procedimientos Civiles.

El juicio de amparo no procede en materia electoral.

De acuerdo al artículo 3º. Las promociones deben hacerse por escrito pero podrán ser orales en las audiencias, notificaciones y comparecencias de la cual deberá quedar constancia asimismo es optativo presentar su escrito de forma impresa o electrónica utilizando la firma electrónica de conformidad con las reglas que emita el Consejo de la Judicatura Federal.

Son partes en el juicio de amparo:

  1. El quejoso, quien debe es el titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo. El amparo puede promoverse por dos o más quejosos de forma conjunta cuando haya una afectación común en sus derechos o intereses. En el amparo penal la víctima o el ofendido del delito pueden tener el carácter de quejosos.
  2. La autoridad responsable es aquella que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas.
  3. El tercero interesado puede ser:

-La persona que haya gestionado el acto reclamado con interés jurídico.

-La contraparte del quejoso cuando emane de un juicio o controversia.

-La víctima del delito u ofendido o quien tenga derecho a la reparación del daño.

-El indiciado o procesado cuando el acto reclamado sea el no ejercicio o el desistimiento de la acción penal.

-El Ministerio Público que haya intervenido en el procedimiento penal del cual derive el acto reclamado.

  1. d) El Ministerio Público Federal en todos los juicios donde podrá interponer los recursos que indica la Ley de Amparo. En los amparos indirectos donde se afecten intereses particulares en materia civil y mercantil y con exclusión de la familiar podrá interponer recursos que marque la Ley de Amparo.

Asimismo el juicio de amparo puede promoverse por persona física o moral a quien le afecte la norma general o acto reclamado.

En los casos que importen de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en caso de que se encuentre imposibilitado el agraviado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad pero deberá ratificarla dentro del término de 3 días una vez que comparezca y puede hacerlo él o su representante. (feb 2014)

ALGUNAS ANOTACIONES IMPORTANTES DEL CURSO DE DERECHO MERCANTIL

EL EMPLAZAMIENTO EN JUICIO MERCANTIL

Art. 1393 C.C. No encontrándose la persona se le dejará citatorio fijando hora hábil que medie entre las 12 y las 72 horas posteriores.

El horario para notificar es de 7;00 a.m. a 19:00 p.m.

Art. 1068 C.C. En cuanto a las notificaciones en forma personal o por cédula. El artículo 1070 nos habla de las notificaciones por edictos en caso de que se ignore el domicilio. El Art. 310 C.F.P.C. se refiere también a las notificaciones personales que se deben hacer una vez que se ha cerciorado de que es el domicilio indicado.

Art. 317 CFPC En caso de que la persona que recibe la notificación se negare a firmar el notificador deberá hacerlo dos veces y así deberá especificarlo. Certeza jurídica. Si careciera de este requisito sería nulo.

Art. 326 CFPC.- en cuanto a las personas morales se debe notificar a través de su representante legal y en caso de no encontrarse se dejará citatorio; o por el presidente del consejo de administración. De acuerdo al art. 317 de C.F.P.C. se deben firmar las notificaciones tanto de quien las hace como a quien se las hace se le debe dejar copia simple del traslado y del instructivo así como el número de fojas.

REMATE MERCANTIL

Documentos que se necesitan:

-Certificado y avalúo del inmueble

-Sentencia que ha causado ejecutoria

Certificado 10 años anteriores 566 CPC y 472 CFPC

Se debe presentar el incidente de liquidación de intereses y costas.

Edictos en cuanto a muebles se deben publicar 3 veces en 3 días. 1 diario.

En cuanto a bienes muebles deben ser 3 veces dentro de 9 días hábiles

l      m    m   j     v   s    d  l    m m  j     v

1     2      3     4   5   6   7   8   9   10   11   12   13

Edicto                      Edicto                            Edicto

Art. 1411 cc

El avalúo nos da la postura legal.

La adjudicación se hace a precio de avalúo.

Art. 1412 bis y 1412 bis 1 C.C. Cuando el monto es superior al avalúo se puede hacer adjudicación directa.

Colaboración Lic. Rosa Ma. Orozco

Texto de la Primera Sentencia de Amparo 

San Luis Potosí, 13 de agosto de 1849.

Visto el antecedente dictamen y teniendo presente que el Articulo 25 de la Acta de Reformas  impone al juzgado de mi cargo la obligación de amparar a cualquier ciudadano contra los ataques violentos, ya sea de los Supremos Poderes de la Nación, ya de los Estados; que la circunstancia de no haberse reglamentado el modo y términos en que tal protección debe dispensarse, no es ni puede ser obstáculo para cumplir con ese  sagrado deber, porque  a  nadie puede ocultarse el modo de sustanciar un expediente y que, de no dar cumplimiento al citado Artículo, resultaría una contravención del objeto y fin que los legisladores se propusieron, no menos que una muy notable infracción; que inconcusamente haría responsable al que la cometiera; que una ley desde el momento que se publica debe ser obligatoria; no expresándose en ella lo contrario, como dice muy bien el asesor, y que por lo mismo no se ha podido ni puede dejar de cumplir con la referida disposición Constitucional, a pesar de las razones que expresa el Sr. Gobernador del Estado en la comunicación que dirigió a este juzgado el 4 del corriente por conducto de su secretaria, por no ser suficientes para no observar lo que manda la Ley con objeto de proteger las garantías y siendo como es cierto que el mismo Sr. Gobernador expidió contra  D. Manuel Verástegui la orden de destierro que la motivó el ocurso que ha dado lugar a la formación de las antecedentes actuaciones contraviniendo lo dispuesto por el Supremo  Gobierno de la Unión a consecuencia de la Ley de 24de abril del corriente año, y  cometiendo un verdadero ataque a las garantías individuales que deben respetarse siempre por cualquier autoridad, por estar afianzadas en la Constitución y ser esto conforme al buen orden  y comunal provecho de la sociedad, por tales fundamentos y demás que se contienen en el precitado dictamen a que me refiero, se declara que este juzgado dispensa a D. Manuel Verástegui la protección que solicita, en conformidad de lo dispuesto en el repetido Artículo 25 del Acta de Reformas para que no pueda ser desterrado del Estado, sin que preceda la formación del juicio y pronunciamiento del fallo por la autoridad judicial a que exclusivamente corresponde por la Constitución; debiendo quedar entre tanto en el pleno uso de los derechos y libertad que b misma Carta Fundamental le concede como ciudadano mexicano. Comuníquese esta disposición al interesado para su inteligencia, dándole copia testimoniada de ella si la pidiere.

Hágase igual comunicación por medio de la correspondiente nota al Supremo Gobierno del Estado, para el debido acatamiento de este fallo y sus efectos, manifestándole a la vez que el juzgado en manera alguna espera se le obligue a usar de los recursos que la Ley ha puesto en sus manos para hacer respetar y cumplir sus disposiciones, estando como se haya dispuesto a conservar la dignidad de este Tribunal, y hacer que sus fallos sean debidamente respetados, y dése cuenta con todo el Supremo Gobierno de la Unión para los efectos a que hubiere lugar. El Señor Pedro Zamano, primer suplente del juzgado de Distrito en el actual ejercicio por ausencia del propietario. Así lo decretó, mandó y firmó por ante mí, de que doy fe. Pedro Zamano. Manuel de Arreola.

La Suprema corte de Justicia de la Nación, al conmemorarse el  150° Aniversario del Juicio de Amparo (1847 – 1997), reproduce el texto de la primera sentencia de amparo.

LA SANA CRÍTICA EN EL JUICIO ORAL PENAL

Con estos nuevos paradigmas acerca de la globalidad en el que alcanzó también a los procedimientos judiciales, ello origina la modificación de la naturaleza de los juicios en México.

          Bajo estas ideas, el nuevo Juicio Oral es una innovación a todo nuestro sistema de justicia. Comenzó con los procedimientos penales y ahora incluye también al Derecho Civil-Mercantil y continuará seguramente para este año en los juicios Familiares.

          Conforme a ello, los principios básicos del Juicio Oral aún cuando ya se contemplaban, no se les daba la eficacia que se merecían. Pero existen otros principios que cuando también ya se existían, ahora se tienen que respetar íntegramente. Dichos principios son:

I.- SANA CRÍTICA.

Tradicionalmente en el sistema jurídico mexicano se han considerado principalmente 2 sistemas de valoración de pruebas: Sana Crítica y Prueba Tasada.

La segunda es la propia legislación la que le da el valor a las probanzas, forma de valorar que debe ser cumplida por el juzgador. Es decir, en el sistema de la sana citica es el juez quien guiado y limitado por la regla de la lógica, la ciencia y la experiencia determina el valor que le corresponde a la prueba.¢ El juez valora la prueba sin sujeción a criterios legalmente establecidos, sin la interferencia de factores emocionales, debiendo, además, fundamentar su decisión.

          Por su parte la Sana Crítica no se encuentra estipulada en la legislación y supone la existencia de ciertos principios generales que guían al juzgador para valorar la prueba, de ahí que excluyan la discrecionalidad absoluta del juzgador.

          La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio siguiente: Debe entenderse como el adecuado entendimiento que implica la unión de la lógica y la experiencia, tendientes a asegurar el más certero y eficaz razonamiento a través de procesos sensibles e intelectuales que lleven a la correcta apreciación de los hechos.

          Boris Barros Rangel, señala que: “La Sana Crítica es el método de valoración instituido por normas jurídicas de imperativo cumplimiento contenidas en el Código judicial al amparo de cuyo imperio el juzgador o el funcionario competente debe valorar la prueba tanto en el proceso penal como en el proceso civil. Lo que hoy entendemos como “sana crítica”; Vicente y Caravantes, al estudiar sus orígenes la expuso como “sana filosofía”, “crítica racional” o, en efecto, “sana crítica”, lo que pudiera entenderse, entonces, como términos etimológicamente equivalentes”.

           Por su parte la Real Academia de la Lengua ha definido la crítica de la siguiente forma: “Arte de juzgar de la bondad, verdad y belleza de las cosas. Así resume el auto que la Sana Crítica es: El arte de juzgar atendiendo a la bondad y verdad de los hechos, sin vicios ni error; mediante la lógica, la dialéctica, la experiencia, la equidad y las ciencias y artes afines y auxiliares y la moral, para alcanzar y establecer, con expresión motivada, la certeza sobre la prueba que se produce en el proceso. La sana crítica como sistema de valoración de la prueba en el proceso de enjuiciamiento requiere que para juzgar se debe atender a la bondad y a la verdad de los hechos; luego, entonces, el razonamiento que atiende a estos valores debe realizarse sin vicios ni error; porque la concurrencia del vicio o del error es la negación no sólo de todo valor ético sino de la misma verdad histórica como finalidad específica del proceso. Como el procedimiento de valoración afecta bienes e intereses extremos, tutelados por normas de derecho público, el razonamiento por medio del cual el juzgador llega a la certeza para dilucidar el conflicto de intereses no puede expresarse sino en virtud de explicar los motivos que, racionalmente, llevan a la decisión que se vierte, y esta es la función de la sana crítica”.

         Cabe señalar que el sistema no autoriza al Juez a valorar arbitrariamente, sino que por el contrario, le exige que determine el valor de las pruebas haciendo un análisis razonado de ellas, siguiendo las reglas de la lógica, de lo que le dicta su experiencia, el buen sentido y el entendimiento humano. Y como consecuencia de esto, le exige al Juez que funde sus sentencias y exprese las razones por las cuales concede o no eficacia probatoria a una prueba.

EL D.F. CON MAYOR NÚMERO DE DIVORCIOS

         Según Elena Michel en El Universal del 18 de noviembre de este año y con datos obtenidos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI), la Delegación Benito Juárez en el D.F. concentra el mayor número de Divorcios en el país.

         Las Delegaciones con mayor número de Divorcios son: Benito Juárez con el 5.2%, Coyoacán y Cuauhtémoc, 3.4%, Venustiano Carranza, 2.8% e Iztapalapa 2.7%. Es en la Delegación Cuauhtémoc donde mayor número de divorcios se dan, oscilando las edades entre 39 y 42 años, y 4 de 10 personas son solteras, esto en contraste con la Delegación Cuajimalpa en el que la mayoría de la gente sigue casada.

        Según el INEGI en el D.F. la duración promedio de los matrimonios es de 14 años y la cuarta parte aún no cumplía los 5 años. Estadísticas que contrastan con mi estadística particular que era de entre 3 y 7 años la duración de un matrimonio en México, siendo la mayoría de las mujeres quienes promueven el Divorcio. Los varones no lo hacen por desidia. A nivel nacional la mayoría de los divorcios, el 16.&% son solicitados por la mujer; el 12.3% por los hombres y el 70.7% por ambos.

         En oposición a lo anterior, la demógrafa Julieta Quilodrán, demógrafa especialista en nupcialidad del Colegio de México, señaló que una mujer de cada tres que se separan legaliza la disolución a través del divorcio y las otras dos se separan de facto.

         Con las reformas al Código Civil y el nuevo procedimiento de divorcio (llamado “express”, incausado, sin causa, etc.) que brindó la posibilidad de agilizar la separación y hacerla unilateral, pues basta que uno de los cónyuges lo solicite para que proceda el Divorcio. El INEGI establece que en 2007 había 17 divorcios por cada 100 bodas y para el 2011 había 34 x 100.

         El instituto informó que de los más de 91mil divorcios en el país, 12% fueron en el D.F.; Estado de México, 9.8%, Nuevo León, 7.6%; Chihuahua 6.2%. En tanto que los estados con menor porcentaje de separación fueron Tlaxcala, Oaxaca, Baja California Sur y Colima.

 CINCO PREGUNTAS SOBRE DERECHOS HUMANOS (Ago 2014)

 1– ¿CUÁNDO INICIÓ LA REFORMA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y PORQUÉ?

  1. – Debido a la globalidad, todos los países están ingresando a un sistema jurídico que propone respetar los Derechos Humanos. Los antecedentes más importantes son:

  2. – Carta Magna del año 1215 en Inglaterra

  3. – Declaración de Derechos Humanos del año 1789 en Francia

  4. – Declaración Universal de Derechos Humanos del año 1948 en la ONU

En México se comienzan a tomar en cuenta a partir de las reformas al Artículo 1 de la Constitución en 2008.

 2– ¿EN QUÉ CONSISTE LA REFORMA AL ARTÍCULO 1 CONSTITUCIONAL?

Consiste principalmente en que ya no se habla de garantías individuales, y sí de Derechos Humanos, jerarquía de la Constitución y de los Tratados Internacionales firmados y ratificados por México, con las limitaciones que establece el artículo 29. Todas las autoridades están obligadas a respetar los Derechos Humanos

 3– ¿QUÉ SON LOS DERECHOS HUMANOS?

Atributos propios que salvaguardan la existencia y dignidad de las personas garantizados por el Derecho Mexicano y el derecho extranjero.

 4.– ¿CUÁNTOS TRATADOS HA FIRMADO MÉXICO CON RELACIÓN A LOS DERECHOS HUMANOS?

México ha celebrado, firmado y ratificado 171 Tratados Internacionales de Derechos Humanos.

 5.– ¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS DERECHOS HUMANOS?

Teóricos: Generales, Imprescriptibles, Instransferibles y Permanentes.

 Constitucionales: Universales, Interdependencia, Individuales, Individualidad, Progresividad.

Revista Inejuc dic2013.

LA USURA

Julio 2014

El término usura es un término peyorativo que se usa para referirse a los intereses de los préstamos, en general, o cuando los tipos de interés se perciben como desmesurados o excesivamente altos.

Del latín usura, el término usura se refiere al interés que alguien cobra cuando presta dinero. En un sentido general, el concepto hace referencia al contrato que implica el crédito y a la ganancia o utilidad del mismo.

Sin embargo, la noción de usura está muy vinculada al interés excesivo en un préstamo y a la ganancia desmedida que obtiene el prestamista. Las personas y entidades que cobran intereses muy elevados reciben el calificativo de usureros.

La usura no es un concepto económico preciso; es decir, no existe un nivel específico y concreto que determine en qué momento un tipo de interés pasa a convertirse en algo excesivo. Por el contrario, la usura está vinculada a una noción compartida socialmente y a la creencia de que existe un cierto precio que es justo y que merece ser pagado por el usuario o consumidor. (Wikipedia)

El cobro de intereses puede ser considerado usura y por ello ir en contra de los Derechos Humanos, razón por la cual deberá el juzgador entrar al estudio de la convencionalidad, mismo que obliga a todas las autoridades mexicanas a realizarlo a fin de proteger, respetar y garantizar los citados derechos humanos.

El juzgador debe analizar si existe un cobro excesivo en los intereses, de conformidad con el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos, con relación al artículo 77 del Código de Comercio y al artículo 1 de la Constitución Mexicana que señala: “En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece…”

De dicho enunciado se observa que la norma fundamental garantiza que todas las personas que se encuentren en territorio nacional, gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los Tratados Internacionales que México sea parte, dotando el constituyente de jerarquía constitucional a las normas convencionales en materia de derechos humanos, es decir, el derecho internacional de los derechos humanos fue incorporado al derecho nacional con criterios vinculantes y obligatorios para el Estado Mexicano.

Los jueces, de conformidad con los artículos 1 y 33 Constitucionales, están obligados a garantizar, respetar y proteger los derechos humanos contenidos en la norma suprema y en los Tratados Internacionales, aún a pesar de las disposiciones en contrario establecidas en cualquier norma inferior. Por ello, los jueces sí están obligados a dejar de aplicar las normas de derechos interno que sean contrarias a la Constitución y al corpus juris internacional.

De tal forma, según lo dispuesto por el artículo 77 del Código de Comercio en el que establece que las convenciones ilícitas no producen obligación ni acción, aunque recaigan sobre operaciones de comercio. Y el numeral 78 de dicho código permite la libertad contractual, permitiendo el principio de pacta nun servanda, que significa que en los contratos mercantiles no se requiere ninguna formalidad y debe cumplirse en los términos acordados.

Al respecto el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos (obligatoria en México a partir del 24 de marzo de 1981), prohíbe la usura y cualquier forma de explotación humana por parte de otros hombres y debe ser motivo de prohibición legal.

Así, el artículo 174 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, no establece límite para el pacto de intereses en caso de mora, pues la voluntad de las partes rige en principio para dicho acuerdo, sin embargo, la referida Convención prohíbe la usura y de ahí se infiere que si la legislación mercantil contempla la posibilidad de cobrar intereses por los préstamos con base en el principio de libre contratación, no debe perderse de vista  que la Constitución Mexicana reconoce la protección al deudor frente a los abusos que se materializan en el cobro excesivo de intereses y que podrían constituir usura, lo que equivaldría a autorizar actos de comercio que conculquen derechos humanos.

Conforme a lo anterior, el juez debe primero debe analizar que no se violen derechos humanos y posteriormente entrar al estudio de las prestaciones reclamadas en el juicio. (R.I. Sep 2014)

Resumen de la Conferencia sobre la Prueba Confesional en Juicio Oral. (Jun 2014)

12 de septiembre de 2013.

 PRUEBA.- Del adverbio probe significa honradamente, por considerarse que obra con honradez el que prueba lo que pretende.

                 Probandum que significa recomendar, experimentar, patentizar, hacer fe.

 1.- OBJETO DE LA PRUEBA.- Se refiere a lo que se tiene que probar, el derecho no se prueba, salvo el derecho extranjero.

[J]; 9a. Época; T.C.C.; S.J.F. y su Gaceta; Tomo VI, Agosto de 1997; Pág. 628. SENTENCIAS, PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EN LAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO). Las sentencias deben ser congruentes con la demanda, su contestación y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, según lo dispone el artículo 79, antes de su reforma, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Jalisco (de similar redacción al actual 87). Por otro lado, de lo preceptuado por los numerales 291, primer párrafo y 296 del propio ordenamiento, se infiere que, dentro del procedimiento civil, sólo pueden ser materia de prueba los hechos a que se contrae la litis, es decir, los que son objeto del debate. De esta suerte, no es jurídicamente factible que en el fallo se tomen en cuenta hechos que, aun cuando aparezcan probados, no fueron alegados oportunamente por las partes.

2.- CARGA DE LA PRUEBA.- Tiende a determinar cual de los sujetos que actúan en el juicio debe producir la prueba de los hechos que han sido materia del debate.

Es la obligación procesal que se le impone a las partes para acreditar sus afirmaciones o negaciones.

Art. 281 CPC las partes asumen la carga de la prueba de los hechos constitutivos de su pretensiones, con excepción en el caso de que la negación envuelva una afirmación, pues entonces la carga corresponde a quien niega (art. 282).

 J]; 8a. Época; T.C.C.; Gaceta S.J.F.; Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989; Pág. 149. Registro 226529. PRUEBA, MATERIA DE LA. SOLO LA CONSTITUYEN LOS HECHOS CONTROVERTIDOS. Conforme al artículo 281 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, las partes deben asumir la carga de la prueba de los hechos constitutivos de sus pretensiones. El artículo 278 de tal código faculta al juzgador para valerse de cualquier medio de prueba para conocer la verdad sobre los puntos controvertidos. El texto de estas disposiciones permite afirmar que la materia de prueba se encuentra constituida solamente por los hechos que aparecen contenidos en los escritos que fijan la litis. Por otra parte, el artículo 81 del propio cuerpo legal previene que las sentencias deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones. En consecuencia, si determinado hecho no fue invocado por las partes, no existe punto fáctico que probar, y aunque con las probanzas aportadas por los litigantes quedara demostrado ese hecho omitido, al no haber sido mencionado en los escritos que fijaron la litis, no es admisible tomarlo en consideración en el pronunciamiento de la sentencia, porque de hacerlo, el fallo sería incongruente y conculcatorio de la última de las disposiciones citadas.

OFRECIMIENTO.- Deben cumplirse los requisitos que establece el Art. 291 del CPC.

 Confesional.- Es una declaración de alguna de las partes del juicio, se refiere a un reconocimiento de hechos propios de consecuencias jurídicas desfavorables para el confesante.

 Esta es una definición muy importante porque son 3 las características de la Prueba Confesional: 1) Declaración solo de las partes, actor o demandado; 2) Hechos propios; y 3) Consecuencias desfavorables para el confesante.

 CONFESIONAL.- ARTICULO 1009

La prueba confesional en este juicio se desahogará conforme a las siguientes reglas:

I.- La oferente de la prueba podrá pedir que la contraparte se presente a declarar sobre los interrogatorios que, en el acto de la audiencia se formulen;

II.- Los interrogatorios podrán formularse libremente sin más limitación que las preguntas se refieran a hechos propios del declarante que sean objeto del debate. El Juez, en el acto de la audiencia, examinará y calificará las preguntas cuidadosamente antes de que se formulen oralmente al declarante; y

III.- Previo el apercibimiento correspondiente, en caso de que la persona que deba declarar no asista sin justa causa o no conteste las preguntas que se le formulen, de oficio se hará efectivo el apercibimiento y se tendrán por ciertos los hechos que la contraparte pretenda acreditar, salvo prueba en contrario.

 Lo que significa que se deja a un lado la idea tradicional de posiciones (¿qué? ¿cuándo? ¿en dónde? ¿a qué horas? ¿con quién? ¿cómo?, etc.), sólo deben formular preguntas.

En materia mercantil, sí deben formularse posiciones pero se harán en la Audiencia de Juicio de manera verbal.

 Se formularán en forma verbal, se puede llevar por escrito, pero al hacerlas deberán preguntar verbalmente.

 Continúa con el principio de que se realicen sobre hechos propios y hechos cuestionados.

 Ya no es a petición de parte, el juez lo declara de oficio.

 Ya no hay declaración de confeso (solo en juicios orales Mercantiles), se le tienen por ciertos los hechos de la demanda.

 LOS ALIMENTOS.

(Mayo 2014)

Los alimentos, en Derecho de familia, son todos aquellos medios que son indispensables para que una persona pueda satisfacer todas sus necesidades básicas, según la posición social de la familia.

Esta alimentación comprende los alimentos propiamente dichos, la educación, el transporte, el vestuario, la asistencia médica, etc.[1]

En el Derecho de familia se ampara la necesidad que puede tener una persona de recibir lo que sea necesario para subsistir, dada su incapacidad de procurárselos solo. Dicha obligación recae normalmente en un familiar próximo (por ejemplo, los padres respecto de los hijos, o viceversa; aunque también puede ser otro familiar directo).

Cuando un juez, mediante sentencia u otra resolución judicial, obliga al pago de cantidades mensuales por este motivo, se le denomina pensión alimenticia. Por ejemplo, ése es el caso de la pensión que un progenitor debe pagar al otro que convive con los hijos, por concepto de manutención de los mismos, ya sea durante su separación o tras el divorcio, o simplemente porque los progenitores no conviven juntos (por ejemplo, hijos extramatrimoniales de padres que nunca han convivido).

Formas de pensión alimenticia

Pensión alimenticia provisional, es el pago provisional de alimentos que determina el juez, mientras dura el juicio, el cual es obligatorio y permanece hasta que el juez dicte la sentencia, que puede durar meses o hasta años.

Pensión alimenticia definitiva, es el pago que fija el Juez al dar sentencia después de un juicio, y éste será de acuerdo a las necesidades de los acreedores, como también a los ingresos y gastos del demandado.

Esta pensión alimenticia definitiva se mantiene hasta que los acreedores cumplan la mayoría de edad (18 años),pero, en caso de estar cursando una carrera universitaria, podrían recibirla hasta concluir sus estudios. También se les sigue otorgando el derecho de la pensión a los hijos discapacitados.

Aquí vale la pena hacer un comentario, los alimentos se proporcionan a quien los hijos, para cancelar la pensión se requiere que el hijo ya no los necesite, se presume que al adquirir la mayoría de edad, los hijos tienen libre disposición de su persona y de sus bienes, y por tanto ya no necesitarían de la pensión alimenticia, sin embargo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que no solo por el hecho de accesar a la mayoría de edad el emancipado ya es autosuficiente.

La Pensión Alimenticia se puede pagar de las siguientes formas:

• Depositando el dinero en la sección de Alimentos del Tribunal

• Directo al padre o madre custodio

• Solicitando que el patrón retenga el pago del cheque de nómina

En el caso particular del Distrito Federal la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) publicó el decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de los códigos Civil y Penal locales, respecto al Registro de Deudores Alimentarios Morosos y las sanciones por incumplimiento a esas obligaciones.

El documento publicado en la Gaceta Oficial detalla que quien incumpla con su obligación de dar alimentos a las personas que tienen derecho, se le impondrá de tres a cinco años de prisión y de 100 a 400 días multa y suspensión o pérdida de los derechos de familia, así como el pago como reparación del daño a las cantidades no suministradas con oportunidad.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los Tratados Internacionales en Derechos Humanos tienen rango Constitucional.

           Los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos de los que México es parte tienen rango Constitucional, decidió la Suprema Corte de Justicia de la Nación por una mayoría de 10 votos a uno, se establece que al momento de su aplicación en un proceso tendrán que sujetarse a las restricciones que establece nuestra Carta Magna, preservándose figuras jurídicas como el arraigo o la prisión preventiva, dejando la interpretación a los juzgadores para que interpreten las restricciones que en ella hay para la aplicación de las Garantías Individuales. De tal forma que se privilegia el derecho que sea mejor para el procesado.

           El voto en contra fue del ministro José Ramón Cossío, pues consideró que sí existe un tema de jerarquía: “hay una prevalencia de una disposición constitucional respecto de estas cuestiones que son las convencionales, que después se pueden hacer ejercicios de ponderación (considerar o examinar a fondo un asunto), sí, pero se hacen a partir de una regla que está determinando la posición de prevalencia en este mismo sentido. Creo que aquí sí hay un problema desde mi punto de vista para esos casos. Entender que si tengo por un lado derechos constitucionales y del otro lado, tengo derechos convencionales, y van a prevalecer las restricciones, limitaciones que tengan los derechos constitucionales, el principio pro persona ya no juega como un equilibrador o como un universalizador, si cabe esta expresión, sino tiene una posición prioritaria, ni siquiera lo de jerárquica respecto a los derechos convencionales… Sí creo que hay un retroceso, creo que lo hay”.

           Por su parte, el ministro presidente de la Corte, Juan Silva, manifestó que “los derechos previstos en la Constitución no son absolutos, esto es, por regla general todo derecho es interpretable y por tanto ponderable. Lo mismo ocurre con las restricciones y límites, tampoco son absolutos. Será labor de los intérpretes de la Constitución, es decir, de los juzgadores, como es su trabajo cotidiano, el interpretar las normas, el ponderar los derechos en conflicto, y caso por caso, determinar el alcance de los límites constitucionales, desarrollando así la doctrina jurisprudencial propia de la Décima Época”. Continuó señalando que “pueden existir límites constitucionales a los Derechos Humanos y que su interpretación deberá sujetarse siempre a las bases interpretativas previstas por el artículo 1 de la Ley Fundamental, en particular aquella que ordena la mayor protección a las personas”.

           En este sentido, Miguel Carbonel, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en El Universal del día 5 de septiembre de 2013, señaló que dicha determinación de la Corte tiene dos cosas muy positivas: la de que los tratados internacionales tienen rango constitucional, lo cual dice, “no es muy novedoso, ya que así lo dispone el artículo 1 de nuestra Carta Magna” y la segunda referente al hecho de la obligatoriedad de la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos “sí supone una aportación original ya que viene a modificar un criterio en sentido diverso al sostenido por la Corte apenas en el 2011. Este cambio de criterio implica que los abogados mexicanos deben ponerse a estudiar a toda velocidad la jurisprudencia internacional, ya que a partir de ahora la van a poder invocar ante los tribunales mexicanos, los cuales están obligados a acatarla”.

           No obstante, refiere a que hay una mala noticia respecto a este tema: “la Corte se negó a reconocer que los Tratados de Derechos Humanos pueden prevalecer frente a la Constitución incluso o sobre todo en los casos en que nuestra Carta Magna prevea ciertas restricciones a los Derechos”.

           Finalmente, Amnistía Internacional expresó su preocupación por este último tema pues considera que la determinación es contraria a las obligaciones de Derecho Internacional que pesan sobre el Estado mexicano y puede tener serias implicaciones en cuanto al cumplimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, pero también establece que cuando hay una restricción expresa en la Constitución se tendrá que respetar.

           En resumen, debemos ponernos a estudiar los Tratados Internacionales que suscribió México y la Jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana para la mejor defensa de los intereses de nuestros clientes.

 ¿QUÉ SON LOS PLENOS DE CIRCUITO?

(Mayo 2014)

 De conformidad con el Acuerdo General número 14/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Integración y Funcionamiento de los Plenos de Circuito y a las reformas a la Constitución de 2008, se crearon los Plenos de Circuito.

 Es importante considerar el concepto general de Jurisprudencia: La jurisprudencia es la interpretación que hacen los jueces de las leyes y que en determinadas circunstancias es obligatoria. En principio, esta interpretación es un precedente para la aplicación de la norma en situaciones futuras y sirve de guía al arbitrio judicial. La obligatoriedad surge de tres formas: la repetición, la contradicción y la sustitución.

La Jurisprudencia consiste en que un órgano jurisdiccional competente para integrar jurisprudencia obligatoria resuelve en un mismo sentido y sin interrupción cinco veces en el mismo sentido, en distintas sesiones.

La Contradicción es aquella que solventa una diferencia de criterios entre dos órganos jurisdiccionales que han integrado jurisprudencia, que es obligatoria en un mismo ámbito y, por lo tanto, genera un problema en su aplicación al existir dos interpretaciones encontradas.

 La Sustitución es aquella que modifica una anterior a petición de un ministro o magistrado, dependiendo las circunstancias, y que deriva del análisis de un caso planteado ante los tribunales.

 Los órganos del Poder Judicial de la Federación facultados para emitir jurisprudencia son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actuando en Pleno o Salas, los tribunales colegiados de circuito y  los plenos de circuito a partir de su funcionamiento el lunes pasado.

La regla general es que la jurisprudencia es obligatoria para todas las instancias inferiores de aquél órgano que la emite. Así, la jurisprudencia del Pleno de la Corte es obligatoria para las Salas, para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales y la que emiten los tribunales colegiados constriñe a los órganos jurisdiccionales que se encuentran dentro de su circuito. Además la obligatoriedad atiende a la materia, es decir, la que se refiere a lo penal sólo es forzosa para los órganos de esa materia.
Pero ¿qué son los Plenos de Circuito?

Cuando hay diversos criterios en los Circuitos en que está dividido el PODER JUDICIAL, a fin de resolver de forma inmediata la problemática de los criterios o tesis generadas en sus propios ámbitos de actuación, se permite la uniformidad de criterios hacia el interior de cada circuito y con ello se evitará que tribunales diversos decidan cuestiones distintas para casos iguales.

La competencia de estos nuevos órganos jurisdiccionales es resolver la contradicción tesis jurisprudenciales que se presenten entre los tribunales colegiados de un mismo circuito. Hay plenos generales y especializados por materia.

Se trata de tribunales jurisdiccionales sui géneris, creados por la Constitución para conocer cierto tipo de asuntos relativos a los juicios de amparo, pero no de conflictos planteados por quejosos contra actos de autoridades responsables que atentan contra derechos humanos, sino únicamente para resolver todas las contradicciones de tesis de los diversos Tribunales Colegiados de Circuito de toda la República Mexicana. Ésta era inicialmente una facultad exclusiva de la SCJN que ahora se delega a los Plenos de Circuito.

El Pleno de Circuito es un gran órgano colegiado que funciona con todos o con la mayoría de sus integrantes. El nombramiento del presidente del Pleno recae en el magistrado que tenga mayor antigüedad en el Poder Judicial de la Federación (del circuito de que se trate). Se ejemplifica con los Plenos del Primer Circuito Judicial que corresponde al Distrito Federal. En cada materia (Civil, Penal, Laboral y Administrativa) se creó un Pleno con los presidentes de cada uno de esos Tribunales Colegiados. En el caso de la materia civil, el Pleno se conforma por 14 magistrados, que son presidentes de cada uno de los Tribunales Colegiados de esa materia y el suscrito funge como su presidente hasta diciembre del presente año.

 Los Plenos de Circuito solicitarán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación inicie el procedimiento de declaratoria general de inconstitucionalidad cuando, dentro de su jurisdicción, se haya emitido jurisprudencia derivada de amparos indirectos en revisión en la que se declare la inconstitucionalidad de una norma general.

Como ya se mencionó las reglas de integración provocan que existan jurisprudencias obligatorias en un mismo circuito y materia que sean contradictorias. Por lo que, la determinación del criterio que debía prevalecer  en los circuitos correspondía a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este proceso, como es obvio, es largo en razón a las cargas de trabajo que tienen tanto las salas como el pleno.

Las tesis jurisprudenciales contradictorias se presentan debido a que la Ley contiene valores e interpretaciones diversas. Las hipótesis normativas que contienen las leyes no son cerradas, sino todo lo contrario abiertas y ambiguas y contienen numerosos conceptos jurídicos indeterminados, interpretables por cualquier operador jurídico. Los jueces determinan su alcance cuando hay un juicio en el que haya un conflicto de interpretación de una ley.

 Se establece en los artículos 94, párrafo segundo y 100 párrafos 1º. y 8º. de la Constitución Mexicana; 68, 81 fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

 Se componen por los Magistrados adscritos a los tribunales colegiados de circuito respectivo o, en su caso, por sus presidentes. Y tendrán como obligación asistir y votar en las sesiones, presentar proyectos y someterlos a votación, etc.

 Las sesiones se celebrarán al menos una vez al mes, serán públicas y serán videograbadas, el quórum necesario es de los integrantes.

 ¿Quiénes está facultados para denunciar una Contradicción de Tesis?

La PGR, el ministro Presidente de la SCJN, los Tribunales Colegiados de Distrito, los Jueces de Distrito y las partes que han intervenido dentro de un procedimiento. La legitimación se reduce a estos funcionarios, nadie más puede hacer uso del derecho de pedir que se resuelva una contradicción de tesis. Como ya se dijo, la ley previó que la SCJN no delegue todas sus atribuciones en esta materia, por lo que los Plenos de Circuito no tienen la facultad omnímoda para resolver las contradicciones de constitucionalidad y criterios diversos en materia común de los diversos tribunales Colegiados de Circuito, eso continúa en manos de la Suprema Corte.

 Fundamentación:

Artículo 225. La jurisprudencia por contradicción se establece al dilucidar los criterios discrepantes sostenidos entre las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre los Plenos de Circuito o entre los tribunales colegiados de circuito, en los asuntos de su competencia.

Art 226. Las contradicciones de tesis serán resueltas por:

I. El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre sus salas;

II. El pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según la materia, cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los Plenos de Circuito de distintos Circuitos, entre los Plenos de Circuito en materia especializada de un mismo Circuito, o sus tribunales de diversa especialidad, así como entre los tribunales colegiados de diferente circuito; y

III. Los Plenos de Circuito cuando deban dilucidarse las tesis contradictorias sostenidas entre los tribunales colegiados del circuito correspondiente. Al resolverse una contradicción de tesis, el órgano correspondiente podrá acoger uno de los criterios discrepantes, sustentar uno diverso, declararla inexistente, o sin materia. En todo caso, la decisión se determinará por la mayoría de los magistrados que los integran. La resolución que decida la contradicción de tesis no afectará las situaciones jurídicas concretas de los juicios en los cuales se hayan dictado las sentencias que sustentaron las tesis contradictorias.

Basado en los Textos de Carlos F. Matute González en La Crónica de Hoy, sábado 29 de junio de 2013 y del Magistrado Victor Manuel Islas Domínugez en Foro Jurídico, Revista Especializada

 

 EXTINCIÓN DE DOMINIO

(Celebrada 7 de noviembre de 2013)

 La ley de Extinción de Dominio es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Federal y tiene por objeto reglamentar el procedimiento de Extinción de Dominio que menciona el citado artículo constitucional. 

Esta ley  se crea con el fin de atacar los bienes que un delincuente obtiene de manera ilícita. También se crea la Ley Federal de Extinción de Dominio, cuyo origen es el citado artículo 22 Constitucional, en caso de proceder la Extinción no se considera confiscación.  

La Extinción de Dominio es de naturaleza jurisdiccional, de carácter real y de contenido patrimonial, y procederá sobre cualquier derecho real, principal o accesorio, independientemente de quien los tenga en su poder, o los haya adquirido. 

La acción es autónoma, distinta e independiente de cualquier otra de naturaleza penal que se haya iniciado simultáneamente, de la que se haya desprendido, o en la que tuviera origen, sin perjuicio de los terceros de buena fe. 

De acuerdo al Art. 2  se entenderá lo siguiente:

 -La acción que se promueve es la Extinción de Dominio.

– El Agente del Ministerio Público es el especializado en procedimiento de Extinción. 

-Los bienes objeto del procedimiento son todos los que se puedan apropiar y que no estén excluidos del comercio ya sean muebles o inmuebles.

-Delincuencia Organizada es la organización de tres o más personas para cometer en forma permanente o reiterada los delitos previstos en el artículo 254 del Código Penal para el D.F.

– Se consideran Delitos Patrimoniales  robo de vehículos, extorsión, encubrimiento por receptación contemplado en el artículo 243 del Código Penal.

En el Distrito Federal se promueve ante un Juzgado Civil,  pero solo los diez primeros del Juzgados del Tribunal, es decir, del Primero al Décimo son los que conocerán de este procedimiento.

Los Delitos que dan origen a esta acción son:

-Delincuencia Organizada

-Trata de Personas

-Secuestro

-Robo de Vehículos.

Los bienes extinguidos se destinarán al bienestar social. 

En otros Estados de la República Mexicana regularon acerca de la Extinción de Dominio entre ellos esta Puebla, Tlaxcala, Chiapas, Zacatecas. 

La muerte del inculpado  o afectado no extingue el procedimiento, pues se continúa contra la Sucesión.

La denuncia puede ser por cualquier persona ante el Agente del Ministerio Público.  El particular que denuncie y contribuya a la obtención o aporte medios de prueba para el ejercicio de la acción, podrá recibir como retribución un porcentaje del 2 al 5% del valor comercial de los mismos.

De acuerdo al Artículo 5 de la Ley de Extinción de Dominio del D.F., se determina procedente la Extinción de Dominio previa declaración jurisdiccional respecto de los bienes siguientes:

I.- Aquellos que sean instrumento, objeto o producto del delito, aun cuando no se haya dictado la sentencia que determine la responsabilidad penal, pero existan elementos suficientes para determinar que el hecho ilícito sucedió; 

 II.- Aquellos que no sean instrumento, objeto o producto del delito, pero que hayan sido utilizados o destinados a ocultar o mezclar bienes producto del delito, siempre y cuando se reúnan los extremos del inciso anterior; 

III.- Aquellos que estén siendo utilizados para la comisión de delitos por un tercero, si su dueño tuvo conocimiento de ello y no lo notificó a la autoridad o hizo algo para impedirlo; 

IV.- Aquellos que estén intitulados a nombre de terceros, pero existan suficientes elementos para determinar que son producto de delitos patrimoniales o de delincuencia organizada, y el acusado por estos delitos se comporte como dueño. 

El supuesto previsto en la fracción III será aplicable cuando el Agente del Ministerio Público  acredite que el tercero utilizó el bien para cometer delitos patrimoniales, delincuencia organizada, secuestro, trata de personas o robo de vehículos y que el dueño tenía conocimiento de esa circunstancia. 

La absolución del afectado en el proceso penal o la no aplicación de la pena de decomiso de bienes, no prejuzga respecto de la legitimidad de algún bien. 

También procede sobre los bienes de una sucesión hereditaria cuando dichos bienes sean de los descritos en el artículo 5 de la Ley, siempre y cuando se ejercite antes de la etapa de inventario y liquidación de bienes, en el procedimiento sucesorio correspondiente. 

Cuando la víctima u ofendido obtengan la reparación del daño en el procedimiento de extinción de dominio, no podrán solicitarlo por ninguna de las otras vías, que para tal efecto establecen las leyes aplicables. 

El Agente del Ministerio Público solicitará al juez las medidas cautelares que considere procedentes a fin de evitar que puedan sufrir menoscabo, extravío o destrucción; que sean ocultados o mezclados; o se realice acto traslativo de dominio; sobre aquellos bienes de los que existan indicios suficientes y que sean de  señalados en el artículo 5 de esta ley o relacionados con alguno de los delitos señalados en el artículo 4.  El juez debe resolver en un plazo de 6 horas a partir de la recepción de la solicitud.  

Son partes en el procedimiento de extinción de dominio: 

I. El afectado; 

II. La víctima; 

III. El ofendido; 

IV. El tercero; y 

V. El Agente del Ministerio Público. 

¿Cómo se prepara la acción?

Cuando se haya iniciado una averiguación previa, durante la substanciación de un proceso penal o se dicte sentencia penal respecto de los delitos previstos en el artículo 4 de la Ley y sean identificados, detectados o localizados algunos de los bienes a que se refiere el artículo 5 de ese ordenamiento, el Agente del Ministerio Público que esté conociendo del asunto, remitirá copia certificada de las diligencias conducentes, al Agente del Ministerio Público para sustanciar la acción y éste  preparará y ejercerá la acción ante el juez. Para la etapa de preparación de la acción, el Agente del Ministerio Público tiene un término de noventa días hábiles, contados a partir de la recepción de las constancias. El término se podrá ampliar por acuerdo específico del Procurador General de Justicia del Distrito Federal, sin que exceda el término de prescripción.

En caso de que el agente del Ministerio Público acuerde ejercitar la acción, la  presentará ante el juez, dentro de las veinticuatro horas siguientes, que deberá contener cuando menos: 

I. El juez ante quien promueve; 

II. Los nombres y domicilios del afectado, tercero,  víctimas o testigos, en caso de contar con esos datos;

III. La identificación de los bienes sobre los que se ejercita la acción; 

IV. Los razonamientos y pruebas con los que acredite la existencia de alguno de los eventos típicos de los mencionados en el artículo 4  de esta ley y que los bienes sobre los que ejercita la acción indiciariamente son de los mencionados en el artículo 5 de este ordenamiento; 

V. Las pruebas que ofrezca, conducentes para acreditar la existencia alguno de los hechos ilícitos de los señalados en el artículo 4 de la ley y que los bienes sobre los que ejercita la acción son de los mencionados en elartículo 5 de este ordenamiento; 

VI. Los fundamentos de derecho; 

VII. La solicitud, en su caso, de medidas cautelares sobre los bienes materia de la acción; 

VIII. La solicitud de notificar al afectado, tercero, víctima y ofendido, determinados e indeterminados; 

IX. La petición para que se declare en la sentenciacorrespondiente la extinción de dominio de los bienes;

En todos los casos que se admita el ejercicio de la acción, el juez mandará publicar el auto respectivo por tres veces, de tres en tres días, debiendo mediar entre cada publicación dos días hábiles, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal y el Boletín Judicial del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como en un diario de circulación nacional, cuyo gasto correrá a cargo de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para que comparezcan las personas que se consideren afectados, terceros, víctimas u ofendidos a manifestar lo que a su derecho convenga. 

Las notificaciones deberán seguir las formalidades establecidas en el Capítulo V del Título Segundo del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. 

El juez admitirá la acción, en el plazo de 72 horas siguientes a su recepción, si se cumple con los requisitos que establece la Ley y en caso contrario mandará aclararla en un término de 48 horas por lo que el Ministerio Público deberá subsanarlo en ese término.

Contra el auto que admita el ejercicio de la acción no procede recurso alguno, contra el que lo niegue procede el recurso de apelación en efecto devolutivo de tramitación inmediata. 

Cualquiera que sea la resolución que se adopte en el Procedimiento Penal, así como en los juicios de Amparo por actos reclamados dentro del Procedimiento Penal, no serán vinculantes respecto de las resoluciones que se dicten en el procedimiento de Extinción de Dominio.

Las pruebas que ofrezca el afectado deberán ser conducentes para acreditar: 

 A.- La no existencia del hecho ilícito 

B.- La procedencia lícita de los bienes sobre los que se ejercitó la acción, su actuación de buena fe, así como que estaba impedido para conocerla utilización ilícita de dichos bienes; y 

C.- Que los bienes no se encuentran en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 5 de la Ley. 

D.- Los terceros ofrecerán pruebas conducentes para que se reconozcan sus derechos sobre los bienes materia de la acción; y las víctimas o ofendidos únicamente en lo relativo a la reparación del daño. 

E.- Las pruebas que ofrezca el Agente del Ministerio Público deberán ser conducentes, primordialmente, para acreditar la existencia de cualquiera de los eventos típicos, desde el inicio de la averiguación previa para la admisión de la acción por el juez.

 Se tienen diez días hábiles para ofrecer pruebas que contarán a partir del día siguiente de la notificación. El juez dictará un auto en un término de tres días hábiles donde se acuerda sobre la admisión de pruebas, la fecha de audiencia de desahogo de las pruebas y la formulación de alegatos que pueden ser verbales o por escrito mismo que se celebrará dentro de un término de 15 días hábiles.   

El juez, al dictar la sentencia, determinará procedente la Extinción de Dominio de los bienes materia del procedimiento.

La sentencia que determine la extinción de dominio también surte efectos para los acreedores prendarios o hipotecarios, o de cualquier otro tipo de garantía prevista en la ley, de los bienes materia del procedimiento, con excepción de las garantías constituidas ante una institución del sistema financiero legalmente reconocida y de acuerdo con la legislación vigente. 

La sentencia también resolverá, entre otras determinaciones, lo relativo a los derechos preferentes, únicamente los alimenticios y laborales de los terceros, así como la reparación del daño para las víctimas u ofendidos, que hayan comparecido en el procedimiento.

Si luego de concluido el procedimiento de Extinción de Eominio mediante sentencia firme, se supiere de la existencia de otros bienes propiedad del condenado se iniciará nuevo proceso de Extinción respecto de los bienes restantes.

La nulidad de actuaciones  procede por la ausencia o defecto en la notificación. 

Procede el recurso de revocación contra los autos que dicte el juez en el procedimiento, con excepción de los que la Ley expresamente señale que procede el recurso de apelación. Previa vista que le dé a las partes con el recurso de revocación, por el término de dos días hábiles, el juez resolverá el recurso en un término de dos días hábiles. 

Procede el recurso de apelación que se admitirá en ambos efectos en contra de la sentencia que ponga fin al juicio.

Contra el acuerdo que rechace medios de prueba ofrecidos en tiempo y forma, procede el recurso de apelación que se admitirá solo en el efecto devolutivo. Ambos medios se  rigen por el Código de Procedimientos Civiles del D.F.

COLABORACIÓN. LIC. ROSA MA. OROZCO.

Resumen de la “Conferencia sobre el Juicio Especial de Arrendamiento”.

19 de septiembre de 2013.

 La conferencia sobre el Juicio de Controversia de Arrendamiento tuvo mucho éxito dado que la exposición fue un intercambio de preguntas y respuestas en la que el expositor no solo dio contestación a todos los cuestionamientos, sino que a base de casos prácticos, ejemplificó de manera clara y precisa los puntos más importantes sobre los juicios inquilinarios, además proporcionó los tips necesarios para no cometer errores en procedimientos que tramitemos en esa materia.

 Entre las preguntas más sobresalientes al tema que nos ocupa, destacaron las siguientes:

 1.- ¿Por qué motivos se puede rescindir un contrato de Arrendamiento?

R.- Principalmente por la falta del pago puntual de rentas, también puede ser por subarriendo sin autorización, por no destinarlo al uso convenido.

En este sentido, puede rescindirse por la falta de rentas. Pero se debe acreditar que existe un domicilio para el pago de rentas y en caso de no tenerlo, entonces se debe acreditar que se acudió a cobrar las rentas. De tal forma, que la demanda es muy importante para obtener un resultado positivo.

 2.- ¿En qué casos se puede dar por terminado un contrato de Arrendamiento?

R.- Por venta, expropiación, por confusión, por vencimiento del contrato, etc.

 3.- ¿Cómo opera la Tácita Reconducción?

R.- Cuándo no hay oposición de alguna de los contratantes a dar por terminado un contrato de Arrendamiento. Pues en caso de no oponerse dentro de los 10 días siguientes a su vencimiento, el contrato se vuelve por tiempo indefinido en cuanto su duración.

 4.- ¿Opera de igual manera en contratos para casa habitación y para local comercial?

R.- Sí.

 5.- ¿Tiene obligación el arrendatario del pago de servicios como luz, agua, teléfono, etc.?

R.- Sí, siempre y cuando  así se haya pactado. Para su reclamo debe acreditarse el pago o el requerimiento previo por parte del prestador del servicio.

 6.- ¿Cómo se aplica la pena convencional en un contrato de Arrendamiento?

R.- En términos del artículo 1843 del Código Civil, la pena convencional no puede exceder a la suerte principal. Como las rentas son obligaciones de tracto sucesivo, sí se permite la pena convencional pero solo por el equivalente a un mes y por cada mes de incumplimiento. Pero no puede convenirse intereses y pena convencional en una misma causa por ser conceptos diversos.

 7.- ¿Cuándo debe notificarse personalmente la sentencia que decrete la desocupación de un inmueble arrendado?

R.- Solo debe notificarse personalmente la sentencia que decrete la desocupación cuando se trate de inmueble destinado a casa habitación. En local comercial no hay notificación personal.

 8.- ¿Qué debo hacer cuando ya se encuentre desocupado el inmueble arrendado y dejaron cosas dentro?

R.- Se puede autorizar el rompimiento de cerraduras, se toma posesión del inmueble, se inventarían los objetos o muebles que hubiere y se entregan a un depositario.

 9.- ¿Cuándo un inmueble está clausurado cómo puedo tomar posesión?

R.- El negocio es el que tiene la clausura no el inmueble. Por tanto se debe girar oficio a la Delegación Política que corresponda para retirar los sellos de clausura y tomar posesión.

 10.- Con respecto a los Derechos Humanos ¿cómo aplican ante este contrato?

R.- Las nuevas reformas y criterios relacionados con Derechos Humanos aplican a todos los juicios y los jueces deben respetar la convencionalidad de la Constitución ante los Tratados Internacionales, por lo que deben respetar principalmente el Derecho Humano a un debido proceso.

RESUMEN Instituto Inejuc: CONFERENCIA PRUEBA PERICIAL EN JUICIO ORAL (2 de julio de 2013)

1.- El perito es solo auxiliar de la justicia, no se le puede dar valor probatorio exclusivo a un dictamen. Se tiene que analizar.

2.- En el Juicio oral se ofrece la prueba con nombre del perito y cuestionario

3.- Se presenta por escrito en 10 días

4.-  En la Audiencia de Juicio se presenta el perito a exponer verbalmente su dictamen y se le pueden hacer preguntas.

5.- Se puede solicitar la modificación de inicio de la fecha para emitir el dictamen.

RESUMEN CONFERENCIA SOBRE EMBARGO CELEBRADA EL DÍA 3 DE JULIO DE 2013

Los bienes para embargo deben estar a la vista del ejecutor.

En el embargo no se requiere que el actuario firme dos veces el acta

Ya no se puede dejar citatorio por adhesión

Se puede emplazar sin embargar

No se puede embargar a dos personas en la misma diligencia ni constar en la misma acta

Es una costumbre que se diga que se puede embargar hasta 2/3 partes del valor de los bienes, pero no hay fundamento legal para ello

A los bancos sólo se pueden embargar su Cuenta Única porque el demás dinero es de sus clientes

En el embargo, primero señala bienes el deudor y después pasa ese derecho al acreedor

La concesiones de placas de taxi no   se pueden embargar.

ASPECTOS IMPORTANTES SOBRE LA CONFERENCIA DE REMATE CELEBRADA EL DÍA 26 DE JUNIO DE 2013:

Edictos publicación 9 días, no se toma en cuenta la publicación

469 CFPC: 20 días para preparar el remate

Deben publicarse 5 días antes del remate

Se debe aprobar el remate en la audiencia de almoneda, (se aprueba, se finca el remate, se  adjudica provisionalmente y se debe citar a resolución)

RESUMEN DE LA CONFERENCIA DEL JUEVES 13 DE JUNIO. Tema: RESCISIÓN DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO. Conforme al art.2428 E, que por su  orden debería ser 2448 E, señala que para rescindir el contrato de arrendamiento por falta de pago de rentas para casa habitación, se debe reclamar hasta 3 rentas, si se reclaman 4 rentas debe acreditarse, por el arrendador, que se requirió de pago, aún cuando en el contrato se hubiere señalado el domicilio para el pago de renta.

Resumen del Diplomado JUICIO ORAL CIVIL-MERCANTIL  Prueba Confesional (martes 11 junio)  La prueba confesional en el Juicio Oral se desahoga:  En Materia Civil, con preguntas (no posiciones) y no se declara confeso, se le tiene por ciertas las afirmaciones (Art.1009 Código Procedimientos Civiles).
  En Materia Mercantil, mediante posiciones y/o preguntas, se le declara confeso (art. 1390 Bis 41 Código de Comercio)

LA PREGUNTA DEL DÍA 11 DE JUNIO. ¿A quién se le debe proporcionar alimentos?

RESUMEN DE LA CONFERENCIA DEL 6 DE JUNIO DE 2013. Tema: LA DEMANDA DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA: Requisitos para la procedencia de la acción de Prescripción Adquisitiva (Art. 1151): I.- En concepto de propietario, se debe agregar además, justo título, por medio de un documento de fecha cierta: II.- Posesión pacífica (sin problemas con vecinos ni autoridades), continua (nunca se ha dejado de poseer) y pública (del conocimiento de todos), 5 años de buena fe o 10 años de mala fe; III.- Exhibir contrato escrito, certificado del Registro Público y Avalúo (para determinar la cuantía de Juicio Oral o Juicio Ordinario). IV.- No es necesario demandar al Registro Público(Art. 1157); V.- Identificación correcta del bien a usucapir; VI.- Recibos de pago de impuesto predial y otros no son necesarios; VII.- Demandar al titular registral y a la persona que me trasladó el dominio.

LA PREGUNTA DE LA 2a QUINCENA DE MARZO DE 2013: ¿Cómo saber cuáles son los asuntos que se tramitan en cada uno de los Juzgados de Primera Instancia, de Cuantía Menor y de Oralidad Civil?

La cuantía para los Juicios Orales es de hasta $ 520,900.00.

Se tramitan en Juicio Ordinario, Primera Instancia, todos los juicios de $ 520,900.01. Así como los juicios ejecutivos mercantiles.

Se tramitan en Juzgados de Cuantía Menor los juicios de jurisdicción concurrente (ejecutivo mercantil) cuya cuantía no ascienda de $ 520,900.00

Los juicios especiales (ejecutivo, hipotecario, arrendamiento, etc.)  no se incluyen en el Juicio Oral.

LA PREGUNTA DE LA SEMANA 19 DE FEBRERO DE 2013: ¿Cuáles son los principios que rigen al Juicio Oral?

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.- Al consignar a una persona ante el juez penal es inocente hasta que se demuestre su culpabilidad, impone la carga de de la prueba al órgano acusador y reduce considerablemente la procedencia de la prisión peventiva.

ORALIDAD.- Como condición necesaria para hacer efectiva la publicidad. Excluye al mínimo la forma escrita de las actuaciones judiciales.

PUBLICIDAD.- Asegura el control, tanto interno como externo, de la actividad jurisdiccional y de todos los intervinientes en el proceso penal, permite transparencia en la administración de justicia.

INMEDIACIÓN.-Al exigir que todos los actos procesales, principalmente la producción de las pruebas, sean presenciados por el juez que va a resolver. Impide delegar funciones jurisdiccionales.

CONTRACCIÓN.-Autoriza a todos los sujetos procesales tener plenas facultades de intervención, sobre todo en la recepción de pruebas y contrapruebas, aumenta la capacidad del juzgador para conocer plenamente el asunto y poder resolver.

CONCENTRACIÓN y CONTINUIDAD.- Las partes pueden demandar que los actos procesales se lleven a cabo, por lo general en una sola audiencia y sin interrupciones, garantiza que la administración de justicia sea pronta y expedita.

LIBRE VALORACIÓN DE PRUEBAS.- Le otorga al juzgador la facultad de valorar el acervo probatoria según la sana crítica y conforme a las reglas de la lógica, los conocimientos científicos y las máximas de experiencia

A PREGUNTA DEL DÍA 4 DE ENERO DE 2013. ¿Cuál es la cuantía para los Juicios Orales en el D.F.?

Según publicación del Boletín Judicial del Tribunal del D.F., los juzgados de oralidad conocerán de los negocios de jurisdicción contenciosa, común o concurrente, cuya cuantía no exceda de $ 520,900.00

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